Proyecto OLACD: Justificación

Documentación del proyecto | 28 de febrero de 2013
El análisis de los indicadores y fuentes del mercado de trabajo se ha convertido en una necesidad para los responsables públicos, agentes sociales y gestores de distintas instituciones. Éste es un elemento fundamental para la programación, formulación y evaluación de las políticas de empleo y formación. Así pues, instrumentos como los Observatorios Laborales se han manifestado de especial utilidad como unidades que unen fuentes cualitativas y cuantitativas, utilizan técnicas de recogida de datos e inciden en la elaboración de análisis, diagnósticos y recomendaciones de políticas.

Los observatorios se han ido definiendo como sistemas de conocimiento y diagnóstico, como espacios de encuentro y consenso y como herramientas de apoyo a la toma de decisiones y a la formulación y evaluación de políticas públicas. Las funciones que asumen los observatorios relacionadas con el ámbito laboral en muchos casos son el reflejo de distintas normas internacionales: el Convenio sobre el servicio de empleo, 1948 (núm. 88), la Recomendación sobre el servicio de empleo, 1948 (núm. 83), la Recomendación sobre la política de empleo, 1964 (núm. 122), la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195) y la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198), mencionan mecanismos y funciones en las que se pueden ver reflejadas las funciones de un observatorio.

La Agenda Hemisférica para la Promoción del Trabajo Decente (2006-2015) establece como elemento fundamental para la puesta en marcha de políticas de trabajo decente en la región la existencia de una base informativa completa sobre todos los determinantes del volumen, compensación y condiciones de trabajo en la región, y la necesidad de contar con un esquema de estadísticas laborales integrado, que combine la información de los hogares con la de las empresas, y también la de los registros administrativos.

El Pacto Mundial para el Empleo, adoptado por la OIT en el año 2009, señala, entre las acciones destinadas a promover la recuperación y el desarrollo la mejora de la capacidad de los países para generar y utilizar información sobre el mercado de trabajo, inclusive sobre las tendencias salariales, como base para adoptar decisiones de política bien fundadas, y para recopilar y analizar datos coherentes a fin de ayudar a los países a llevar a cabo evaluaciones comparativas de sus avances.